El peso de las empresas públicas en la Unión Europea

Électricité de France (EDF) es una empresa multinacional francesa que se dedica a generar y distribuir electricidad. Es la compañía líder en ambos sectores en Europa y la segunda a nivel mundial, tan solo por detrás de la China Energy Investment. Es, también, la mayor empresa pública del Viejo Continente y la cuarta del mundo, con un activo corriente —convertible en dinero en menos de doce meses— de 323.886 millones de dólares.

Su fundación se remonta al año 1946, cuando el Gobierno francés nacionalizó varias empresas productoras, transportistas y distribuidoras de electricidad. Ese movimiento se enmarcó dentro del periodo de fuerte intervencionismo estatal que siguió a la Gran Depresión de 1929 y a la Segunda Guerra Mundial, durante el cual las empresas públicas europeas se erigieron como garantistas de ciertos servicios básicos como las telecomunicaciones, el servicio postal, las aerolíneas o el ferrocarril. Algunas, incluso, se adentraron en nuevos sectores como el de la manufacturación, como ejemplifica la creación de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT) por la España franquista en 1950.

De hecho, EDF funcionó como una corporación gubernamental hasta 2004, año en el que la liberalización del mercado eléctrico europeo provocó su transformación en una sociedad anónima y su salida a bolsa en 2005. Sin embargo, el Gobierno francés conservó el 83,65% de las acciones, mientras que la propia plantilla de la compañía se convirtió en el segundo mayor accionista con el 1,21%.

En la vecina España la ola liberalizadora iniciada por la exlíder británica Margaret Thatcher en los ochenta también estaba reduciendo el papel del Estado en el mercado, pero allí el desmantelamiento de la empresa pública fue mucho más profundo. En lugar de mantenerse como accionista mayoritario, el Estado español se deshizo de la mayoría de las participaciones y entregó una infinidad de empresas públicas al sector privado. No en vano, entre 1985 y 2007, en España se vendieron más de 120 compañías estatales pertenecientes a múltiples sectores y, en la mayoría de los casos, en su totalidad.

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De esta manera, no es de extrañar que en 2015 las empresas públicas supusieran el 12,89% del PIB en Francia y el 4,43% en España (valor de mercado), ocho puntos porcentuales de diferencia, tal y como muestra un cruce de los datos del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Eurostat. El caso español, el de la privatización masiva de compañías estatales y la liberalización casi total del mercado, es también el de Reino Unido, Portugal e Irlanda, mientras que el de Francia, el de un planteamiento más estratégico y proteccionista, es el de la mayoría de países de Europa del este, Austria, Bélgica y Finlandia.

En este último, donde las empresas públicas representan más del 40% del PIB nacional, la clase política trató de llegar a un consenso sobre la reforma del conglomerado empresarial público para evitar la confrontación que trajo el enfoque thatcherista en muchos países. El pensamiento que se impuso fue que Finlandia era un país pequeño en medio de fluctuaciones económicas globales, y que la situación requería pragmatismo en lugar de ideología. De esta forma, el país nórdico apostó por la vía intermedia, la de invertir en los sectores que iban a ser importantes en el futuro, como la tecnología, a través de un sistema que requería un nuevo tipo de intervencionismo estatal pero también apertura de miras acerca del libre mercado.

Europa ya no tiene miedo a nacionalizar empresas

Como resultado, se reformó el control de las empresas públicas para dotarlas de mayor autonomía y capacidad de competir en un mercado cada vez más globalizado. Así, aunque algunas compañías fueron privatizadas, la mayoría resistieron y Finlandia se convirtió en el país de la Unión Europea en el que las empresas públicas tienen más peso.