España denuncia que Obiang se niega a repatriar el cadáver de un opositor secuestrado y torturado

El Gobierno de Guinea Ecuatorial se niega a repatriar a España el cadáver de Julio Obama, de 61 años, el opositor de nacionalidad española preso en una cárcel guineana que falleció el pasado 15 de enero en Mongomo, ciudad fronteriza con Gabón, en circunstancias no aclaradas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español reconoce en una carta dirigida a la unidad policial que investiga este caso de secuestro y torturas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que no ha recibido respuesta de las autoridades guineanas a ninguno de sus requerimientos.

La Comisaría General de Información acaba de trasladar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las fallidas gestiones de Exteriores y denuncia en un escrito que, “a pesar de los múltiples esfuerzos realizados al más alto nivel por la diplomacia española, existe una notable falta de información y compromiso de colaborar por parte de las autoridades guineanas”. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, reiteró sin éxito esta petición a su homólogo guineano, Simeón Oyono Esono, durante una reunión celebrada en Addis Abeba, capital de Etiopía, el pasado 16 de febrero.

Exteriores pidió el 20 de enero la repatriación inmediata del cadáver de Julio Obama a instancias del juez Pedraz, que investiga el caso de presunto secuestro y torturas a Obama y a otros tres opositores al Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, todos ellos residentes en España. El Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución en la que condena “la barbarie” del régimen del dictador y exige la repatriación del cuerpo del español fallecido.

Sin noticias ni visitas

El Gobierno del dictador tampoco ha respondido a la petición de Exteriores para que facilite información sobre el estado de salud y paradero del opositor hispano-ecuatoguineano Feliciano Efa Mangue, preso en la misma cárcel de Mongomo en la que se encontraba el fallecido Julio Obama. Se cumple ahora un año desde la única visita que autorizaron al embajador de España en Malabo, Alfonso Barnuevo. El diplomático solicitó tratamiento médico para Efa por las dolencias que padecía, según ha comunicado a la policía judicial Xabier Martí, director general de Asuntos Consulares. Desde entonces no se sabe nada de él.

También se ignora el paradero y estado de salud de los otros dos opositores, Martín Obiang Ondo y Bienvenido Ndong, por los que Exteriores ha pedido información sin obtener respuesta. Ambos fueron igualmente secuestrados mediante engaños en Juba, capital del Sudán del Sur, trasladados a Guinea Ecuatorial en el avión presidencial y víctimas de torturas, según los indicios de la investigación judicial. Los cuatro opositores fueron juzgados y condenados por un tribunal militar a penas de entre 60 y 90 años de prisión por un supuesto intento de golpe de Estado. El juicio fue denunciado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Cambio de criterio judicial

El juez Santiago Pedraz acaba de modificar su providencia por la que había citado a declarar el próximo día 28, presencialmente y en calidad de investigado en la Audiencia Nacional, a Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del dictador. Su letrado presentó un escrito asegurando que “sus compromisos públicos le impiden asistir” y que su residencia permanente está en Guinea Ecuatorial, y el magistrado ha decidido que declare por videoconferencia.

Ovono Obiang tiene otorgada la tarjeta de residencia española desde 2020, está casado con una española, tiene una hija, propiedades en Málaga y Barcelona, y administra una sociedad para supuestas actividades inmobiliarias. Su tarjeta de residente le obliga a residir seis meses en España y, según ha acreditado la investigación policial, viaja con frecuencia a Malabo.

Este cambio de criterio es el segundo que adopta el magistrado en la instrucción del caso. El más llamativo se produjo el pasado 29 de diciembre, cuando los policías que investigan el caso le informaron de que el hijo de Obiang se encontraba alojado en un hotel de Madrid, donde lo vigilaban. Contra el criterio de la Fiscalía y de los querellantes, el juez ordenó que se le entregara copia de la querella y que designara abogado. Esa misma madrugada, Ovono Obiang tomó un avión a Malabo. No ha vuelto a pisar suelo español.

Días antes, Pedraz había ordenado, en cambio, su detención policial, traslado al juzgado y que le requisaran su teléfono móvil y cualquier dispositivo electrónico.

Aitor Martínez, letrado del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República, que presentó la querella, ha recurrido la decisión de Pedraz. Argumenta que el escrito de la defensa se ha presentado fuera de plazo y que el juez no dio traslado a las partes, y destaca la gravedad de los delitos imputados a los investigados y la “falsedad” de su residencia permanente en Guinea Ecuatorial. También resalta la inexistencia de una asistencia de cooperación jurídica internacional para la toma de declaración. “No se puede realizar [la declaración] mediante el simple envío de un link [permiso de acceso electrónico] privado para que se conecte desde su domicilio”, señala el recurso. Pide, además, la celebración de una vista de medidas cautelares a los efectos de solicitar prisión provisional o libertad bajo fianza para Ovono Obiang, lo que obliga a la presencia física del investigado, según el artículo 505.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La acusación popular recurre con este mismo argumento.

La citación judicial incluye, también en calidad de investigados por los delitos de secuestro y torturas, a Nicolás Obama Nchama, ministro responsable de la Seguridad Interior, y a Isaac Nguema Endo, director general de la Seguridad: la cúpula de la seguridad guineana en pleno.