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Los expertos cuestionan la ley catalana que congeló el precio del alquiler: alertan de que redujo la oferta

Economistas y juristas creen que la regulación se hizo sin debate y apuntan que la contención de rentas debería repartirse entre los caseros y la administración

Clara Blanchar
Alquileres Cataluña
Una inmobiliaria con anuncios de pisos de venta y alquiler en Barcelona, este octubre.Albert Garcia

La 11/2020, la ley catalana que reguló el precio de los alquileres (impidió subirlos durante un año y medio, hasta que el Tribunal Constitucional la tumbó), consiguió bajar las rentas, pero también redujo la oferta de vivienda para arrendar. Es la alerta que lanzaron varios expertos, economistas y un jurista, que participaron en la semana pasada las jornadas Los nuevos sistemas de control de alquileres, a debate, organizadas por el Centro Ernest Lluch de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Observatorio Metropolitano de la Vivienda.

En la apertura del encuentro, sin entrar en detalles, el economista y presidente del Consejo Económico y Social de España, Anton Costas, consideró que “intervenir en un mercado, cualquiera que sea, cuando es estrecho, no consigue que los efectos positivos sean elevados, y, en cambio, es posible que tenga efectos negativos no deseados”. “Ya en los siglos XVIII y XIX los clásicos nos alertaban de los efectos no queridos de las intervenciones”, apuntó. Costas alertó de la “densidad y gravedad que tiene el problema de la vivienda en nuestro país en términos de exclusión residencial de una magnitud extraordinaria, que impide la emancipación de los jóvenes” y señaló a “la creación de un parque de vivienda de alquiler y asequible” como receta para abordar el problema.

El economista Agustí Jover, experto en vivienda y autor de un informe encargado por el Observatorio, alertó de la enorme tensión que hay en Barcelona y el resto del Área Metropolitana porque “la creación de hogares triplica la vivienda disponible, lo que dispara los precios al alza”. “Para controlar los precios hay que hacerlo de manera que el mercado aguante la oferta; lo que ha pasado es que la oferta cayó de forma drástica cuando los municipios declarados área tensa controlaron precios”, lamentó.

Su propuesta pasa por repartir el coste entre los propietarios y la administración: “Habría que incorporar correcciones, porque si cargas el 100% del coste al mercado, al propietario, se marcha, abandona y los efectos no son los deseados”. Sobre en qué medida la contención de rentas afectó sobre la subida de precios actual, argumentó “no se puede discernir cuánto hay en el alza de desajuste entre oferta y demanda y cuánto de regulación”. Además, rechazó que la regulación del mercado sea el instrumento adecuado para resolver el problema de acceso de la población más vulnerable. En este sentido apostó por políticas sociales, ayudas y atacar la precariedad laboral con “sueldos de miseria”.

Sobre la tensión que registra el mercado en el área de Barcelona, la presidenta de Gestores de Vivienda Social en Cataluña, Lídia Guillen, alertó de que la falta de pisos de alquiler en la capital ha llevado al límite el mercado inmobiliario de la segunda corona metropolitana y pidió “medidas estructurales que reconozcan la vivienda como un derecho”. “Los gestores hemos percibido un incremento muy notable de las solicitudes de vivienda protegida de alquiler, en algunos municipios se han triplicado. Son personas que tienen un contrato de alquiler que acaba y no tienen capacidad para afrontar un precio de mercado”, aseguró sin detallar municipios. Jover mostró como la zona donde la demanda es más elevada comparada con la defensa son las poblaciones del eje del Llobregat.

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Desde la propia Generalitat que impulsó la Ley, el director general en funciones de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, Joan Ramon Casals, explicó el resultado del primer informe sobre el impacto de la Ley. Casals no eludió las “discrepancias” que hubo entre los autores del informe, pero apuntó que determinó dos cuestiones.

La primera, que durante la vigencia de la Ley los precios del alquiler cayeron un 4,1% en Barcelona y un 1,4% en el conjunto de Cataluña. La segunda, que hubo más contratos de alquiler (en un contexto también de salida de la pandemia). Y la tercera, que la contención concentró las caídas en los precios medios, mientras la franja baja de alquileres aumentó de precio; y la alta cayó. “Si se quieren hacer buenas políticas hay que tenerlo en cuenta”, avisó y cuestionó la rapidez con la que tramitó la ley, “en ponencia única, sin debate, lo que generó rechazo, inseguridad jurídica e impugnaciones”. A título personal, Casals apostó por regular los alquileres pero de forma temporal; concentrar la regulación en los grandes tenedores, excluyendo particulares; y no apostar tanto por la fórmula de la congelación, sino en fijar límites a las subidas.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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