La jueza que ordenó la captura de Cristiana Chamorro es verdugo de presos políticos

La lealtad de Karen Chavarría al partido que lidera Daniel Ortega ha quedado demostrada condenando a más de 50 presos políticos desde la rebelión de 2018. Irónicamente, la judicial ha sido educada con dinero de la cooperación internacional que hoy criminaliza.

La jueza Karen Chavarría Morales fue quien ordenó el allanamiento y detención contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios este martes dos de junio. Cortesía.

La jueza Karen Chavarría Morales fue la que ordenó el allanamiento y detención contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios este martes dos de junio. Chavarría Morales, del juzgado noveno de audiencias en Managua, tiene un historial sandinista y a raíz de la rebelión de 2018 se ha convertido en una pieza clave dentro del Poder Judicial para condenar a decenas de presos políticos. 

Chavarría Morales fue la jueza que mantuvo en prisión preventiva a la exrea política Ruth Matute, de Masaya, después que esta fue operada de un reemplazo de marcapasos y presentaba un cuadro febril agudo en 2018. “No se han establecido criterios que ameriten modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la acusada en audiencia del 5 de diciembre”, dijo Chavarría Morales, en enero de 2019. 

A partir de 2018, cuando inició la rebelión de abril en contra del régimen de Daniel Ortega, Karen Chavarría tomó un papel más relevante dentro del aparato de represión del poder judicial de Nicaragua. Antes se desempeñaba como jueza del octavo penal de audiencia, pero en julio de 2018 sustituyó a la jueza Indiana Gallardo. 

Gallardo fue destituida por la Corte Suprema de Justicia por permitir el ingreso de familiares de tres jóvenes de Matagalpa que habían sido capturados durante las protestas. Como permitió que la audiencia fuera pública, ese día quedó en evidencia el maltrato que los oficiales del Sistema Penitenciario ejercían contra los capturados. Las madres de los detenidos lloraron al ver cómo los lastimaban, y Gallardo se comprometió a pedir un informe a las autoridades del penal de Tipitapa. 

Recibe nuestro boletín semanal

Desde entonces, Chavarría se ha encargado de procesar a unos 50 presos políticos. Entre ellos, Sergio Beteta, los hermanos Fajardo (Cristhian y Santiago); María Adilia Peralta, Jaime Navarrete, entre otros manifestantes de Diriamba, Estelí y la Isla de Ometepe.

Su simpatía al partido sandinista ha quedado en evidencia en fotografías que la muestran alzando la bandera rojinegra del Frente Sandinista durante las celebraciones del Repliegue Táctico, una conmemoración histórica. Pero también se ha fotografiado junto al asesor económico Bayardo Arce del comandante Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua desde hace 14 años.

Educada con dinero de la cooperación internacional

La jueza que ordenó la captura de Cristiana Chamorro es verdugo de presos políticos
El abogado y extrabajador del sistema judicial, Yader Morazán, posa con la juez Chavarría Morales tras graduarse de un curso patrocinado por la cooperación internacional. Cortesía | Divergentes.

El jurista Yader Morazán subió a su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece junto Chavarría Morales durante la maestría regional de acceso a la justicia del Programa de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de Estados Americano (OEA). “Ironías de la vida”, dijo Morazán, quien señaló que su excolega fue becada y graduada con dinero de la cooperación internacional. 

Según un comunicado de prensa de la OEA, el PIFJ nació a finales de los años noventa en Nicaragua, como un mecanismo de impartición de justicia “que ayude a los sectores más débiles de la sociedad solucionando sus diferencias y acercando soluciones antes de que los casos lleguen al sistema judicial ordinario”.  

A inicios de este año, Chavarría fue reconocida por el Poder Judicial “por su destacada labor y compromiso con el fortalecimiento institucional”. 

En el caso de Chamorro, este martes Chavarría ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. “Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”, dice el comunicado.


La información que publicamos en DIVERGENTES proviene de fuentes contrastadas. Debido a la situación en la región, muchas veces, nos vemos obligados a protegerlas bajo seudónimo o anonimato. Desafortunadamente, algunos gobiernos de la región, con el régimen de Nicaragua a la cabeza, no ofrecen información o censuran a los medios independientes. Por ello, a pesar de solicitarlo, no podemos contar con versiones oficiales autorizadas. Recurrimos al análisis de datos, a las fuentes internas anónimas, o las limitadas informaciones de los medios oficialistas. Estas son las condiciones en las que ejercemos un oficio que, en muchos casos, nos cuesta la seguridad y la vida. Seguiremos informando.